Más de veinte años de asesoramiento a administraciones locales y actuación ante los tribunales contencioso-administrativos. Especialización en urbanismo, licencias y responsabilidad patrimonial.
Práctica
La práctica administrativa del despacho tiene una característica singular: la experiencia acumulada no solo en la defensa de particulares y empresas frente a la Administración, sino también en el asesoramiento directo a administraciones públicas locales. Más de veinte años prestando servicios jurídicos a ayuntamientos de la Comunidad de Madrid proporcionan una perspectiva poco común: la de quien conoce el funcionamiento interno de la Administración y comprende tanto las razones de sus decisiones como sus puntos de mayor vulnerabilidad jurídica.
Esta experiencia es especialmente relevante en materia urbanística, donde la mayoría de los conflictos se producen precisamente en la frontera entre el derecho público y el privado: una licencia denegada, una orden de demolición, una actuación inspectora, un plan urbanístico que afecta a los derechos de los propietarios.
Servicios
Recurso contencioso-administrativo frente a resoluciones administrativas en materia urbanística: denegación de licencias, órdenes de restauración de la legalidad, sanciones por infracción urbanística, aprobación de planes que afectan a derechos de propietarios. Intervención ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Asesoramiento en el procedimiento de obtención de licencias de obra mayor, licencias de actividad y declaraciones responsables. Recursos frente a denegaciones y frente a resoluciones de disciplina urbanística. Silencio administrativo en materia de licencias: análisis de la normativa aplicable y de la posición jurisprudencial vigente, que limita significativamente la eficacia del silencio positivo en esta materia.
Defensa de propietarios, promotores y constructores en expedientes de disciplina urbanística: obras sin licencia, incumplimiento de condiciones de la licencia, uso no conforme. Estrategia frente a órdenes de demolición y plazos de prescripción. Actuación ante los órganos autonómicos de disciplina urbanística cuando la actuación municipal es insuficiente o irregular.
Asesoramiento a propietarios y promotores en los procedimientos de elaboración y revisión de planes generales de ordenación urbana, planes parciales y planes especiales. Alegaciones en período de información pública. Impugnación de planes urbanísticos por vicios de procedimiento o de contenido. Análisis de la situación jurídica de los terrenos ante un cambio de clasificación o calificación.
Defensa de propietarios en expedientes de expropiación forzosa por causa de utilidad pública o interés social: impugnación de la declaración de necesidad de ocupación, negociación del justiprecio y recurso frente a valoraciones del Jurado Provincial de Expropiación manifiestamente inferiores al valor real. Reclamación de los intereses de demora por tardanza en el pago del justiprecio.
Reclamación de responsabilidad patrimonial frente a la Administración por los daños causados por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, por actos administrativos anulados y por el retraso en el pago de deudas reconocidas. Tramitación de la reclamación en vía administrativa previa y recurso contencioso-administrativo ante la desestimación.
Asistencia jurídica continuada a administraciones locales en materias de derecho urbanístico, contratación pública, personal y régimen jurídico de las entidades locales. Dictámenes jurídicos, defensa en procedimientos contenciosos iniciados contra el ayuntamiento, e interlocución con los servicios jurídicos de las Comunidades Autónomas y del Estado. Más de dos décadas de asesoramiento a ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.
Perspectiva
Quien ha asesorado a la Administración sabe cómo piensa, cómo decide y dónde están sus puntos débiles. Este conocimiento, adquirido a lo largo de más de dos décadas de trabajo directo con ayuntamientos, es un activo diferencial en la defensa de particulares y empresas frente a actos administrativos.
Esta doble perspectiva —como asesor de la Administración y como defensor frente a ella— es especialmente valiosa en materia urbanística, donde la calidad del asesoramiento depende tanto del conocimiento técnico de la normativa como de la comprensión de los procesos reales de toma de decisión en el seno de las corporaciones locales.
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